Bruselas obligará a regularizar a más de cuatro millones de trabajadores de plataformas digitales

La precarización del empleo en las plataformas digitales ha llevado a Bruselas a intentar regular el sector.

La Comisión Europea ha aprobado en la presente semana una directiva para fijar unas condiciones laborales mínimas en toda la Unión, y lo hace empezando por el asunto más polémico y el que más choques ha provocado en los tribunales.

¿Quienes trabajan para plataformas digitales? ¿Son asalariados o autónomos? Son asalariados y existe algún tipo de control por parte de la empresa.

Esto puede suponer la regularización de unos 4,1 millones de falsos autónomos, según el Ejecutivo comunitario. La norma sigue la estela de la ley de los repartidores española, aprobada este mismo año.

Parte de la llamada técnicamente presunción de laboralidad, aunque no se detiene solo en el sector de las plataformas digitales de reparto, sino que su objetivo es alcanzar a todos los sectores.

El primer objetivo es, evidentemente, aclarar un aspecto que ha generado una gran cantidad de conflictos laborales y choques en los tribunales en los últimos años. Según la Comisión, en los últimos tiempos ha habido más de 100 sentencias que, “en su mayoría”, han fallado que los trabajadores eran falsos autónomos.

Para el comisario de Empleo, Nicolas Schmidt, esto no se debe a que las plataformas hayan tratado de ir más allá de la norma, sino que han aprovechado “las ambigüedades” de la ley.

El otro elemento destacado de la directiva comunitaria, que ahora inicia su andadura en el Parlamento Europeo y en el Consejo, pretende que los Estados fijen en sus legislaciones la obligación de que las plataformas informen a los trabajadores —tanto asalariados como autónomos— de los algoritmos que utilicen para controlar su rendimiento y que se asegure que la supervisión última recae sobre una persona y no sobre la tecnología.

Hay un tercer punto que supone una novedad importante: la obligatoriedad de que estas empresas declaren el número de trabajadores que tienen, bajo qué régimen de cotización y con qué nivel de protección social.

“Nadie quiere frenar el crecimiento de las plataformas digitales”, apunta Schmidt en un encuentro medios europeos. “Pero es necesario que estos trabajadores tengan derechos sociales”. Hacen falta, a juicio del socialista luxemburgués, “unos mínimos comunes”.

Además del aspecto social —”no se puede dar un nuevo servicio sin derechos sociales (salario mínimo, protección…)”— añade otro aspecto: la competencia desleal. “No se puede crear un sector que compite, por ejemplo, con los supermercados (en el servicio de reparto) y los que trabajan para él no tienen derechos”.

La estampa cotidiana de repartidores con una mochila a la espalda repartiendo comida o haciendo encargos se observa a diario en las calles de Madrid, París, Bruselas, Londres. Son la imagen más icónica —y muchas veces precaria— de la revolución laboral que traen las plataformas digitales.

Pero van más allá del sector de reparto de comida o la mensajería. Han llegado a la traducción de idiomas, las clases de repaso, la abogacía o el transporte urbano (Uber y Cabify, entre otros). Bruselas se ha atrevido a poner cifras a un fenómeno que, por ahora, tiene datos muy resbaladizos: calcula que en Europa hay entre 235 y 355 plataformas digitales que dan empleo a unos 28,1 millones de trabajadores, asalariados o autónomos, que llegarán a 43 millones en 2025.