Bloomberg / Río de Janeiro, Brasil.- La fiscalía general de Brasil solicitó al máximo tribunal del país que investigue al presidente Jair Bolsonaro por posible negligencia en el manejo de denuncias de corrupción relacionadas con la compra de vacunas a India.
Las negociaciones para comprar la vacuna Covaxin, producida por Bharat Biotech International Ltd., se convirtieron en un escándalo cuando un aliado del Gobierno dijo que había advertido personalmente a Bolsonaro que un contrato firmado por el Ministerio de Salud para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna por 1,600 millones de reales (US$317 millones) estaba plagado de irregularidades.
“Hay que aclarar qué medidas se han tomado después de la reunión” en la que Bolsonaro fue supuestamente advertido del caso por su aliado, escribió este viernes el fiscal general adjunto Humberto Jacques de Medeiros en su decisión.
El aliado, el diputado Luis Mirand, describió una serie de problemas en las negociaciones, incluido el uso de una empresa intermediaria, durante su testimonio ante una comisión del Congreso que ya está examinando el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. Aunque no hay indicios de que Bolsonaro se beneficie personalmente de la transacción, los miembros de la comisión pidieron al máximo tribunal que lo investigara por hacer la vista gorda ante las acusaciones.
La jueza Rosa Weber, que lleva el caso en el máximo tribunal, solicitó la opinión del fiscal general antes de tomar una decisión. El fiscal general adjunto pidió entonces la autorización del tribunal para escuchar a todos los implicados y para que la comisión del Congreso compartiera con la policía las pruebas recopiladas hasta el momento.
Dolor de cabeza político
El real brasileño revirtió brevemente sus ganancias al conocerse la noticia de la investigación, de la que informó por primera vez Globonews TV. El impacto fue de corta duración y la moneda ganaba 0,3% a las 12:30 p.m. en São Paulo.
Una investigación policial autorizada por la Corte Suprema es el último dolor de cabeza político para Bolsonaro, quien ya enfrenta 90 días adicionales de una investigación en el Congreso sobre su manejo de la pandemia. Los hallazgos de la comisión del Senado han animado a la oposición a presentar una solicitud de “súper juicio político” contra el presidente, combinando todos los elementos de más de 100 peticiones anteriores que se acumulan en el escritorio del presidente de la cámara baja, Arthur Lira, un aliado del Gobierno.
La oficina de Bolsonaro declinó hacer comentarios. Desde que estalló el escándalo, Bolsonaro ha dicho que no puede seguir todo lo que ocurre en el Gobierno y que confía en sus ministros. También señaló que fue acusado injustamente de corrupción por la compra de una vacuna que nunca se concluyó.
Después de firmar el contrato para comprar las dosis de Covaxin, el Ministerio de Salud lo suspendió a principios de esta semana “para un análisis más profundo”. No se ha realizado ningún pago ni se han entregado vacunas. Bolsonaro destituyó el miércoles a un funcionario del Ministerio de Salud que fue citado por ejercer una presión inusual para acelerar el acuerdo.
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