Multimedios Ámbar

Ciudad de México.-El rechazo al matrimonio infantil forzado en zonas indígenas donde prevalecen los usos y costumbres ancestrales, va en aumento.

Luego de que se conoció el caso de una niña de 15 años que fue encarcelada con su abuela y sus tres hermanas. La adolescente fue detenida en el poblado montañoso de Cochoapa, en el estado sureño de Guerrero, por una demanda de su suegro, luego que éste intentó abusar sexualmente de ella.

Por la presión de las autoridades del estado y de organizaciones humanitarias, fue liberada junto con sus familiares 10 días después. Angélica, la víctima, había sido vendida cuatro años atrás en 120.000 pesos (unos 6.000 dólares a la paridad actual), para casarse con un hombre que luego se vio obligado a emigrar a Estados Unidos.

 Como las normas no escritas vigentes en la localidad la obligaban a vivir en casa de sus suegros y realizar labores de limpieza, ante la ausencia de su marido, la niña fue objeto de constantes avances de su suegro, que intentó violentarla cuatro veces, argumentando que él había sido el que había financiado el arreglo nupcial.

El individuo acudió a la Policía Comunitaria para exigir que detuvieran a la niña y que le devolvieran su dinero, según sus cálculos, ya sumaba 210.000 pesos (más de 10.000 dólares) si se sumaban los «intereses».

Junto con Angélica, la abuela Petra Aguilar, de 70 años, fue también encarcelada por no pagar el dinero exigido y tres hermanas de aquella.

Por si fuera poco, la Policía Comunitaria, máxima autoridad en el poblado, agredió a la madre de Ángélica, concepción Ventura, luego que acudió a llevarle comida, lo que provocó que abortara.

Colectivos feministas y la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero intervinieron en el caso y tanto la anciana como las niñas fueron finalmente liberadas.

Sin embargo, el caso puso sobre el tapete el problema de las «bodas arregladas» en muchas zonas del «México profundo», donde el gobierno se encuentra «a dos fuegos», en la disyuntiva de hacer respetar las leyes vigentes, o mantener las normas ancestrales en zonas indígenas, las cuales resultan contrarias a los derechos humanos.

El Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan condenó la venta de niñas en Guerrero y señaló que la Policía Comunitaria «no tiene el consenso de la población» y actúa irregularmente al permitir esta clase de enlaces infantiles.

Abel Barrera, director de la organización humanitaria, indicó que este tipo de prácticas solo exhiben el «poder de los hombres», es decir, un patriarcado que controla las comunidades y que vulnera «los derechos de las mujeres».

Los matrimonios forzados, amparados por «los usos y costumbres», se han «mercantilizado» y perdieron «el sentido del pago de la dote», que existe en numerosas sociedades desde hace cientos de años, según la organización.

El gobierno de Guerrero inició hace poco un plan de «concientización y prevención de venta de niñas» en la zona montañosa del estado, pero hasta ahora no ha funcionado.

«La tolerancia de los matrimonios forzados por el estado a la fecha ha perpetuado y abonado a fortalecer el contexto de la impunidad e indiferencia por las autoridades de todos los niveles de gobierno, lo cual configura la violencia feminicida», señalaron organizaciones feministas.

En realidad, en la práctica se convierten en «trata de personas», un delito contemplado en el derecho positivo, aunque no se incluya en el derecho tradicional, expusieron.

Por lo pronto, la Fiscalía de Guerrero informó que investiga los delitos de privación de la libertad personal y lesiones calificadas cometidos por el suegro de Angélica y sus familiares.

En junio de 2017 fue declarada la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios de Guerrero y en 2019 solo había una fiscalía especial para el tema en la región, encargada de atender casos en 19 municipios.

Sin embargo, activistas indicaron que no hay médicas legistas, psicólogas y peritos intérpretes para colaborar con las personas que denuncian abusos.

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Fuente: ANSA.

Edición: Juan Balboa.

13 de octubre 2021.