Agencia Deutsche Welle / Ciudad de México.- La deriva emprendida desde hace años por el Gobierno de Ortega parece haber entrado en nueva fase con la reciente detención de figuras públicas a pocos meses de las elecciones del 7 de noviembre de 2021. «Ortega lleva en el poder desde 2006. En estos años se han aprobado nuevas leyes y cambios en la Constitución que ahora facilitan que el Frente conserve el poder. Las próximas elecciones están condicionadas por esa ruta llevada a cabo en el Parlamento en los últimos 10 años», dice a Deutsche Welle Laurin Blecha, investigador de la Universidad de Viena, experto en Nicaragua.
El desmantelamiento de las instituciones democráticas ha llegado a tal punto, que hacer oposición política en el país es prácticamente imposible. «El último paso es la ley 1055, de diciembre de 2020, donde se formula de forma abierta que casi todo lo que hace la oposición se considera ir contra el pueblo nicaragüense. Con esa ley en la mano, ya no existe más la posibilidad de ejercer crítica», agrega Blecha.
«Los parámetros que miden la gobernabilidad democrática definitivamente muestran la tendencia hacia un rápido deterioro de los derechos políticos y las libertades civiles. El régimen de Ortega y Murillo está conduciendo al país hacia un cambio drástico, hacia un gobierno mucho más autoritario», corrobora, por su parte, Gerardo Berthin, director del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House. Berthin advierte que la situación todavía es dinámica y que hay que observar los próximos hitos en el proceso electoral nicaragüense, como la definición de quiénes serían los contrincantes de Ortega en las elecciones.
«Basta de eufemismos: Nicaragua es una dictadura»
¿Podemos afirmar que Nicaragua ya es una dictadura? Para el experto de Freedom House, todavía no, pero se está acercando peligrosamente a ello.
Deutsche Welle formuló esta misma pregunta a un académico nicaragüense que prefiere ocultar su nombre por miedo a las represalias. Para él, Nicaragua ya es una dictadura. «Ya no podemos utilizar eufemismos porque la actual situación tiene costos humanos. Estamos hablando de un saldo mortal de 325 personas, en su mayoría jóvenes, documentado por la CIDH, cerca de 100.000 exiliados, cerca de 140 presos políticos, entre ellos 21 líderes de la oposición», responde a DW desde un lugar que prefiere no revelar. «Nicaragua está muy mal posicionada en el índice democrático elaborado en 2020 por el Instituto V-Dem, de Gotemburgo. Por su parte, The Economist Intelligence Unit califica a Nicaragua como un régimen autoritario a partir de 2018, un país donde el pluralismo político no existe y las libertades son violadas en su totalidad. En Nicaragua hay un Estado de derecho colapsado», agrega.
Por su parte, el investigador austríaco Blecha considera que el país centroamericano se dirige hacia una dictadura, pero aún quedan resquicios de democracia: «En Nicaragua todavía hay sectores de la sociedad que pueden, hasta cierto punto, mantener libremente su expresión, por ejemplo las universidades y la Iglesia católica, que tiene un papel importante como actor oficial. En la Constitución existe, aunque sea teóricamente, la posibilidad de elecciones. Los académicos nicaragüenses, tanto fuera como dentro del país, pueden expresar su opinión, aunque los canales de la comunidad científica se van cerrando cada vez más».
Sin embargo, para el académico nicaragüense, que sufrió en carne propia la represión cuando fue encarcelado hace dos años, esas islas de democracia no existen. «La Iglesia católica no puede ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los jerarcas de Iglesia católica se han moderado en el uso de la palabra, porque ha habido asedios, amenazas y agresiones, así como iglesias vandalizadas por turbas. A un sacerdote se le lanzó ácido en la cara. El caso más reciente fue el de un Cristo que quedó calcinado en la catedral de Nicaragua tras el estallido de un explosivo artesanal. Eso fue muy fuerte porque es un símbolo muy significativo para la feligresía». Para el académico nicaragüense, también el ejercicio del pensamiento crítico y la libertad de expresión generan riesgo de represalias en la ciudadanía y la comunidad académica, que jugó un papel muy relevante durante las protestas de 2018.
ami3l
