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Mujeres crearon un Pacto Feminista por los Derechos Humanos para exponer las necesidades de las mexicanas ante los funcionarios electos

La crisis de derechos humanos en México se agravó durante el proceso electoral: campañas misóginas, propaganda discriminatoria y disparidad de género en las candidaturas. Contra eso, la sociedad civil lanzó el Pacto Feminista por los Derechos Humanos de las Mujeres, para exigir a los y las candidatas que se posicionen en puestos de elección popular romper el pacto patriarcal y garantizar a las mexicanas una vida libre de violencia.

El acuerdo es impulsado por los colectivos Frente Feminista Nacional, Las Constituyentes Mx, Mira-Pensadoras urbanas, Nosotras tenemos otros datos, Red de Género y Medio Ambiente, Red Nacional de Alertistas y la Red Nacional de Refugios (RNR).

“Surge de la reflexión colectiva de diversas feministas organizadas frente a la impunidad y el menosprecio que ha mostrado el Estado mexicano ante los altos índices de Violencias contra las mujeres y niñas”, explicó a Reporte Índigo Wendy Figueroa, psicóloga feminista y directora de la RNR.

El pacto es un grito de protesta contra el 40 por ciento de la plantilla de candidatos que han sido acusados por diversas agresiones contra mujeres y que, aún así, siguen contendiendo en el proceso electoral.

Uno de los casos más emblemáticos es quizá el de Félix Salgado Macedonio, a quien la candidatura se la tuvo que retirar el Instituto Nacional Electoral (INE) porque su partido decidió omitir las más de cinco denuncias por abuso sexual y violación en su contra.

Otros nombres que resaltan por abuso sexual, acoso o violencia política que no fueron removidos de sus candidaturas son Isaac Pérez Esparza, candidato a diputado federal por el PVEM; Edgar Salomón Escorza, candidato de Puebla por el PAN; Gabino Cruz Díaz, de Morena, Tito Maya de la Cruz, del PRD y Gabriel Quadri, candidato a diputado en Coyoacán por la alianza Va Por México, entre otros.

Las demandantes también acusan el borrado de las mujeres que participan en la política, atentados contra su libertad y derechos; así como el uso de estereotipos de género que denigran y discriminan a las mujeres, niñas y ancianas. Señalan asimismo que sólo el 0.83 por ciento de las candidaturas han cumplido con su declaración 3 de 3 contra la violencia.

“Ante la ausencia de un estado de derecho y la crisis de derechos humanos, exigimos a todos los candidatos y candidatas, sin importar el color del partido, garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y niñas”, continúa Wendy Figueroa.

“El pacto es una exigencia propositiva que demanda a todos los partidos y candidaturas que se presentan a las elecciones del próximo 6 de junio que incluyan en sus programas medidas puntuales para construir una sociedad justa, igualitaria e incluyente y garantizar una vida digna y libre de violencias violencias para todas las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida”.

Las elecciones del 6 de junio, explica, son pieza clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernanza que defienda “el derecho de las mujeres y niñas a tener derechos”. Por eso, también exigen a las personas que resulten electas promover, mantener y ejecutar políticas públicas con las que las mujeres, por fin, podamos acceder a una vida justa.

Estos son los retos para las y los futuros funcionarios públicos

Las organizaciones de la sociedad civil exigen a las personas electas en cargos de elección popular orquestar acciones, en primer lugar, contra el tipo de violencia más brutal que las mexicanas estamos propensas a sufrir todos los días: el feminicidio.

El año pasado, en México se registraron 2 mil 793 víctimas mujeres de asesinato; mientras que de enero a abril de 2021 van 933 mujeres asesinadas, de las cuales, sólo 311 casos se investigan como feminicidio y el resto como homicidio doloso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Como parte de la política pública para prevenir feminicidios y restituir derechos les solicitamos fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencias y sus hijas e hijos”, a través de refugios, casas de emergencia y de transición, pues 40 por ciento de los feminicidios ocurren en los hogares.

Las exigencias son el reparto igualitario del empleo y los cuidados, garantizar la inclusión y participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil; así como la creación de presupuestos participativos con perspectiva de género, “pues cualquier acción o programa que no vaya acompañado de un presupuesto es demagogia”.

“Las mujeres y nuestros derechos no son temas coyunturales”, señala Figueroa.

“Por ello, desde las redes feministas esperamos que las personas que queden electas cumplan con el compromiso político con la promoción de la igualdad, transversalizando la perspectiva de género y destinando presupuestos garantes para ello”.

Para las mujeres organizadas, también es prioritario abolir la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles y el alquiler de vientres, “los cuales deben ser tratados como delitos, juzgados con perspectiva de género, así como la abolición de la explotación sexual, con una visión de progresividad y transparencia”.

Feminización de la pobreza e inseguridad en espacios laborales y escolares

Ante la feminización de la pobreza, los colectivos piden al Estado fomentar programas de empleo y salario digno para todas las mujeres; licencias de ausencia laboral ante situaciones de violencia de género y espacios laborales libres de acoso laboral, sexual y discriminación.

En el ámbito educativo, donde se han registrado más de 5 mil casos de violencia sexual, exigen programas de educación escolarizada y no escolarizada para la promoción de la cultura para la paz y de la igualdad de género; así como la no violencia y nuevas masculinidades en todos los niveles.

Además, solicitan la intervención de las personas electas para legalizar la interrupción del embarazo de forma segura y gratuita en todo el país y todas las políticas públicas necesarias para “hacer visible lo que se busca invisibilizar y exigiendo ¡ni una más, ni una menos!”, finaliza la directora de la Red Nacional de Refugios.

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Escribe: Monserrat Ortiz

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